Anónimo
Anónimo preguntado en Política y gobiernoOtros - Política y Gobierno · hace 1 década

¿que es el pacto andino?

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  • hace 1 década
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    La situación en extremo crítica por la que atraviesa América Latina ha desatado una sucesión de reflexiones y debates desde perspectivas novedosas que es necesario atender en la toma de decisiones sobre el futuro de nuestro país. Las discusiones en curso resultan frecuentemente de los programas de investigación y de la preparación de las agendas de diversos organismos y reuniones internacionales que, de esta manera, están supliendo la escasa creatividad ideológica de los actores políticos nacionales, pero que comienzan a estimularlos para un análisis más riguroso y menos parroquial de los graves problemas que confrontamos.

    En menos de una semana tuvieron lugar el seminario promovido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad de Georgetown sobre el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y las perspectivas del presidencialismo y el parlamentarismo en América Latina, en la ciudad de Washington, y el encuentro organizado en Santiago de Chile por la Cepal respecto de los desafíos que enfrenta nuestra región de cara al cumplimiento de los acuerdos signados en la tercera Cumbre de Guadalajara que reunió a los jefes de Estado y de gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

    El formato de ambas reuniones y su concentración temática propiciaron intercambios de alta calidad política y académica en tonos inusuales de franqueza y en la búsqueda sistemática de conclusiones. En ambas quedó claro que Latinoamérica vive de nuevo una experiencia histórica común y que por lo mismo las soluciones a sus padecimientos son inseparables de nuestra inserción en el proceso de globalización, pero que la experiencia particular de cada país nos obliga a concretar soluciones diferenciadas. Es más, que fenómenos semejantes son observados desde ópticas distintas y a partir de apreciaciones diferentes sobre la inminencia de la crisis y el orden de prioridades para afrontarlo.

    En la reunión de Washington se confirmó la conciencia compartida en torno de la escasa funcionalidad de los sistemas políticos de la región, el alarmante debilitamiento de los Estados nacionales y la transferencia de la toma de decisiones hacia poderes fácticos y transnacionales. Quedó de manifiesto igualmente la extendida percepción de las sociedades latinoamericanas respecto de la incapacidad de la clase política y de la democracia misma para dar satisfacción a las necesidades más elementales de los ciudadanos. Se concluyó una vez más que el nudo del problema reside en los inmensos abismos de desigualdad que se han ahondado durante las dos últimas décadas y en las preocupantes tendencias hacia el estancamiento económico, la distribución regresiva del ingreso, la marginalidad y la exclusión social.

    Habría también que destacar la coincidencia sobre la primacía de la política en el encuentro de salidas viables a las cuestiones planteadas: el imperativo de fortalecer una gobernabilidad democrática capaz de compensar el predominio de la gobernabilidad financiera y de sortear los peligros de la ingobernabilidad social. Se asume asimismo que la reforma del Estado es la asignatura pendiente de los países de la región y que ésta supone cambios profundos en el régimen de partidos, la autonomía de los procesos electorales respecto del poder del dinero, la democratización de los medios de comunicación, la participación ciudadana, la impartición de la justicia, la fiscalidad, la rendición de cuentas, el incremento de la seguridad pública, la descentralización política y económica, los derechos sociales y el modelo económico prevaleciente.

    Subsisten no obstante diferencias acerca de la centralidad que muchos otorgamos a la cuestión de la forma de gobierno; esto es a la conveniencia y en algunos casos la urgencia de transitar abiertamente de la predominancia de regímenes presidencialistas clásicos a sistemas parlamentarios o semipresidenciales. Las resistencias provienen tanto de inercias mentales que arrastramos desde hace centurias como del temor a lo desconocido y de la escasa información sobre el funcionamiento de esquemas políticos distintos de los que hemos practicado. Algunos postulan inclusive la "modernización" del presidencialismo conforme a esquemas inspirados en el espejismo norteamericano, pero que no se antojan compatibles con el pluralismo que se ha instaurado en la región.

    Concluimos sin embargo en que es inevitable explorar nuevas modalidades de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que conducirán a la separación de la esfera del Estado de la esfera del gobierno por una parte y por la otra a una definición de políticas públicas acorde con los resultados electorales, que a su vez deberían traducirse en mayorías congresionales estables y en gobiernos habilitados para la toma de decisiones oportunas. Como lo expresó magistralmente el ex primer ministro de Portugal, Antonio Guterres, el drama mayor de los sistemas presidenciales es la continua reproducción de bloqueos parlamentarios y de pantanos políticos que sólo puede resolverse por la instauración de modelos constitucionales que aseguren mayorías coherentes de gobierno.

    A lo largo del debate surgieron reiteradamente las referencias a las peculiaridades nacionales, con lo que se demostró el carácter predominantemente contextual, cuando no localista de los procesos políticos de nuestra región. No ocurre lo mismo cuando abordamos los problemas propiamente económicos de nuestros países y se ponen en evidencia los semejantes rezagos históricos e inequidades acumuladas así como el papel subordinado que nos ha correspondido en la mundialización. Así, en el seminario de Santiago de Chile fue relativamente fácil coincidir en la naturaleza y simultaneidad de fenómenos, por cierto incontrastables, relacionados con la heterogeneidad estructural de las sociedades latinoamericanas, incluso en el hallazgo de propuestas programáticas que, con la introducción de ligeros matices, podrían postularse para distintos países de la región.

    Se observan también líneas convergentes por lo que hacen a los cambios que debieran operarse en las relaciones entre política y economía y en el resurgimiento de una plataforma común de aspiraciones y demandas en el ámbito de la sociedad internacional y de nuestra vinculación con otras regiones del planeta. Subsiste sin embargo la creencia o si se quiere el fatalismo en el sentido de que esos grandes desafíos pueden ser afrontados desde cada país aisladamente o a lo más a partir de la formación de agrupaciones subregionales.

    Al término del encuentro la discusión desembocó en una cuestión definitoria: estamos o no en favor de una genuina integración regional orientada a la generación de espacios políticos, institucionales, económicos y culturales que conduzcan a la creación de una comunidad latinoamericana de naciones. De no ser así, de qué modo podríamos honrar nuestro compromiso de establecer una "alianza estratégica" birregional entre la Unión Europea y lo que todavía es un conglomerado informe de países. En qué medida podríamos promover iniciativas comunes para la reconstrucción del multilateralismo, que de acuerdo con los textos adoptados es objetivo central de la alianza entre ambos continentes.

    En el transcurso de las discusiones se transparentó la dicotomía conceptual y terminológica entre "Latinoamérica" y "Sudamérica". La mayoría de los participantes provenientes del Mercosur y del Pacto Andino empleaban ambos vocablos indistintamente: el primero cuando hacían formulaciones abstractas y el segundo cuando anunciaban proyectos concretos. Llegó a insinuarse la supuesta evidencia de que existen dos procesos de integración contrapuestos, uno que avanza de norte a sur y otro que se estructura de sur a norte, en lamentable olvido de que el papel histórico de México no ha sido el de correa de transmisión, sino el de muro de contención del expansionismo estadounidense y sin reconocimiento alguno de la función que ahora nos ha correspondido como plataforma de exportación demográfica, cultural y aun política de las sociedades latinoamericanas.

    Independientemente de las veleidades e inconsistencias de nuestra política exterior durante la fase aguda de nuestro encadenamiento al neoliberalismo, es claro que la Cancillería mexicana se ha deslindado de ese pasado reciente y ha refrendado por numerosos medios a su alcance nuestra vocación latinoamericanista. Es todavía más evidente que a pesar de los procesos de integración del área norteamericana, o precisamente a causa de ellos, ha resurgido una ancestral voluntad de independencia en los sectores mayoritarios de la población que pudiera fácilmente desembocar, mediante la articulación de consensos, en una política de Estado tendiente a una inteligente diversificación de nuestra política exterior.

    De ahí que resulte oportuno distinguir entre los procesos de integración económica, determinados por la geografía o por la conveniencia mutua, y aquellos de carácter comunitario que obedecen a posiciones semejantes en el escenario internacional y a proyectos de largo plazo relacionados con la preservación de la identidad, de la soberanía y de la dignidad humana. Es menester encontrar pronto vías para promover eficazmente ese proyecto comunitario. La próxima reunión Cumbre del Grupo de Río que tendrá lugar la semana próxima sería una ocasión por demás oportuna para lanzar propuestas inequívocas en ese sentido.

    La extensión del Grupo a todos los países latinoamericanos, decisiones institucionales animadas por una ambición comunitaria, la coordinación horizontal de competencias y políticas con instituciones preexistentes como el Parlatino, el Sela, la Aladi y un número considerable de organismos especializados; proyectos claros de vinculación con otras regiones y de reforma del sistema de Naciones Unidas, al margen de estériles rivalidades, podrían desbrozar la intrincada selva de entidades inconexas y de burocracias remanentes que proliferan en la región e incrementar considerablemente nuestra respetabilidad y nuestra capacidad conjunta de negociación.

    El protagonismo y la eficacia de las iniciativas mexicanas están condicionadas a la definición de un verdadero proyecto nacional. Exige domeñar los extravíos de la pequeña política para acceder a los espacios de la gran política.

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