Primero que cualquier juez, así sea un juez de paz de pueblo, debe tener la jerarquía moral y la dignidad como persona -a la par de idoneidad técnica- como para constituirse en el protagonista de la superación de los conflictos, el dar a cada quien lo que le corresponde y en dictar sentencias justas y ejemplarizadoras.
Pero el Poder Judicial en su conjunto desde los más modestos jueces a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen una suerte de "última instancia" en la que terminan la mayor parte de conflictos entre las partes. Se trate de personas que litigan, de entidades privadas o de la aplicación del derecho público porque una o ambas partes corresponden a la jurisdicción del estado como municipio, provincia o nación.
Lo más popular y para facilitar la memoria del caso, cuando falta transparencia en la actividad judicial es la lectura reflexiva de los Consejos del Viejo Vizcacha, en la segunda parte de "Martín Fierro" el clásico gauchesco del argentino José Hernández:
Hacete amigo del juez
no le des de qué quejarse
y cuando quiera enojarse
vos te debés encoger
pues siempre es bueno tener
palenque ande ir a rascarse.
Nunca le llevés la contra
porque él manda la gavilla;
allí sentado en su silla
ningún güey le sale bravo
a uno le da con el clavo
y a otro con la cantramilla.
La transparencia no es ni más ni menos que la aplicación de la ley, asegurando el derecho de defensa y sin el más mínimo indicio de parcialidad.
Otra condición que se ha debatido muchísimo en los últimos tiempos en Argentina y en la región es lo que se llama "el deporte de los juicios contra el estado" y que generalmente el estado pierde, bajo sospecha de arreglo a cambio de un "retorno" de lo que cobre el litigante.
En los peores ejemplos de este "deporte judicial", algún funcionario del Poder Ejecutivo comete un "error involuntario", una mala liquidación, no reconoce mayores costos o paga a valores históricos las deudas del estado, sin las pertinentes actualizaciones, intereses o punitorios por mora. Todo esto facilita que el ciudadano, el proveedor o la empresa que litigue, gane mucho más en los juicios que si hubiese prestado normalmente los servicios.
Y la importancia fundamental es que en general se favorece al rico o a quien puede pagar mejores abogados, porque el derecho a la justicia gratuita es declarativo y no efectivo,a la luz de las estadísticas.
Todo esto se corregiría si el Consejo de la Magistratura, el control de los judiciables y la correcta elección de jueces y magistrados por el Poder Legislativo, se cumpliera acorde a derecho y teniendo en cuenta el interés común.

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